viernes, 23 de noviembre de 2018


ABSUELTO POR LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA, EL EXALCALDE DE CASTRIL, JOSÉ JUAN LÓPEZ RÓDENAS, DE LOS DELITOS DE MALVERSACIÓN Y PREVARICACIÓN DE QUE SE LE ACUSABA. 
Ha estado defendido por el abogado José Ángel Rodríguez


Inicio de la primera de las sesiones del juicio oral, celebrado en la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Granada

El 20 de noviembre de 2018, se dictaba por la Audiencia Provincial de Granada, Sección 2ª, sentencia número 570/2018, en la causa penal que se abrió, hace ahora casi cinco años, y que se inició por una denuncia a la fiscalía de Miguel Pérez Jiménez, perteneciente al Grupo Político “Nuevo Castril” contra el que a la fecha de los hechos era alcalde de Castril de la Peña, el socialista José Juan López Ródenas, al que se imputaba por la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento de Castril, y la acusación popular, ejercida por un particular, sendos delitos de malversación y prevaricación, solicitándole 6 años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de cargo o empleo público y del derecho de sufragio pasivo por un total de 19 años, mientras que la acusación pública ejercida por el Ministerio Fiscal, pedía su libre absolución, al igual que la del resto de acusados, una técnico de urbanismo del Ayuntamiento de Castril, y el que a la sazón, en la fecha de los hechos, era su Secretario interventor.

Los hechos imputados



Por la acusación particular y popular, única parte acusadora, se estimaba que había existido una eventual confabulación entre el Sr. Alcalde de Castril, el Secretario Interventor de la corporación y la Arquitecta-Técnica municipal, para llevar a cabo en el año 2008 la adquisición de un inmueble perteneciente al padre de un compañero del partido político en el que militaba el primero. Inmueble que era colindante con el edificio de Castril, por uno de sus vientos, formando parte de una vivienda de la que se segregó. Alegando que la adquisición de esta propiedad se había producido sin necesidad efectiva y real de ampliar las dependencias del Ayuntamiento de Castril, y con el único fin de beneficiar a su propietario, que era padre del secretario de la agrupación local del PSOE en Castril. Compra que estimaban se había hecho por un precio superior a los valores del mercado, con el consiguiente enriquecimiento del vendedor y perjuicio para el Ayuntamiento (14.294,6 euros) y, también para la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía que en 2007 otorgó una subvención de 81.000 euros para la adquisición de un local anexo a las oficinas municipales de la citada localidad.

Para la acusación particular, que representa a la actual Corporación municipal de Castril y para la acusación popular, se estimaba que esto era tal y como imputaban y se vendría a evidenciar de una serie de datos indiciarios que, según estas acusaciones, convenientemente interpretados, no dejarían desde su perspectiva margen alguno para la duda y que serían – tal y como recoge la sentencia, de la que es ponente el magistrado Don José María Sánchez Jiménez- según el orden de su exposición, los siguientes:

  • -          Que la compra del local anexo al consistorio la llevó a cabo el acusado López Ródenas en su calidad de Alcalde de Castril con el padre de un compañero del partido en el que militaba (el P.S.O.E.).


  • -          Que pese a acudirse a un procedimiento negociado en el que se ofertó el contrato a los propietarios colindantes la decisión de adjudicar el concurso a esa persona estaba tomada de antemano.


  • -      Que el fin con el que se pretendía justificar la necesidad de la compra no era real porque las instalaciones del Ayuntamiento no precisaban de un mayor espacio para atender al público y,


  • -          Por último, que la Arquitecta-Técnica municipal, colaborando con el alcalde en la tarea de favorecer al padre de su correligionario político, valoró el inmueble ofertado por este último, muy por encima del precio normal de mercado, en el informe que tuvo que emitir en el expediente instruido al efecto.


La sentencia no da por acreditado ninguno de los indicios en que basaban las acusaciones la petición de condena


Al basarse las hechos que imputan las acusaciones, pública y popular, en una serie de indicios que, sostienen, resultaron debidamente acreditados mediante las pruebas practicadas en el plenario, comienza destacando la sentencia, los requisitos exigidos por la doctrina del Tribunal Supremo para que tenga virtualidad probatoria la prueba indiciaria, destacando que “cuando se trata de la prueba habitualmente denotada como indiciaria, para que resulte atendible la conclusión incriminatoria, según jurisprudencia asimismo muy conocida, es preciso que los hechos indicadores o hechos-base sean varios, estén bien probatoriamente acreditados, mediante prueba de la llamada directa, y viertan sobre el hecho principal u objeto de imputación; y que la inferencia que, realizada a partir de aquéllos conduce a este último, sea racional, fundada en máximas de experiencia fiables, y cuente con motivación suficiente”.

Doctrina legal que la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, extrapola a la presente causa, estimando que los indicios en los que las acusaciones apoyan su tesis carecen de la virtualidad suficiente para alcanzar el pronunciamiento condenatorio que pretenden. por las razones que se exponen en la misma:

  • -           En primer lugar, porque a la designación de la persona a quien habría de adjudicársele el contrato de adquisición del inmueble, se llegó a través del procedimiento que señaló el Sr. Secretario municipal en el informe obrante en las actuaciones (el contrato negociado sin publicidad propuesto, dadas las características del local que el consistorio había acordado adquirir).


  • -          En el expediente administrativo tramitado, hay constancia que se hizo llegar la oferta a los distintos propietarios de los inmuebles colindantes con el ayuntamiento, previa consulta en el Padrón Municipal de los vecinos colindantes.


  • -          El Sr. Secretario municipal declaró en la vista oral, que ninguno de los demás vecinos estuvo interesado en la venta de sus inmuebles ni de parte de ellos, y que el único que formuló una propuesta ajustada al montante de la cantidad de la que disponía el Ayuntamiento para la compra (95.294,2 euros) fue el Sr. A. O., a la postre el adjudicatario, lo que consta debidamente documentado en las actuaciones.


  • -          Por otra parte, que el procedimiento seguido se ajustaba a la normativa lo vino a ratificar durante el juicio oral el testigo Sr. Cobo Navarrete, Presidente del Colegio Oficial de Secretarios de la Provincia de Granada.


Extremos de los que extrae la Sala la convicción de que la “elección previa” y torticera del adjudicatario de la compra “hubiera debido llevar aparejada, por tanto, la connivencia o participación del Sr. Secretario, a quien las acusaciones relevaron de culpa en diferentes estadíos de la causa (atendiendo, debe decirse, a criterios de pura lógica)”.

-          Tampoco se ha acreditado debidamente, a juicio de la Sala, que la ampliación de las dependencias municipales fuese innecesaria y sólo tuviese por objeto beneficiar al Sr. Alonso por ser el padre de un compañero de partido del Alcalde. Destacándose en la sentencia como “en este sentido, haciendo abstracción de las declaraciones interesadas del anterior alcalde (a favor de la ampliación) y del nuevo (en contra), el testimonio del Sr. Secretario en el juicio fue ilustrativo al afirmar que en la planta superior del consistorio se encontraba -en lamentable estado- la vivienda del secretario que ya no se usaba, y que al asumir el Ayuntamiento competencias en materia de servicios sociales las instalaciones se habían quedado pequeñas, y ello aparte de las incomodidades que generaban a los usuarios de avanzada edad los obstáculos existentes y la falta de privacidad.

-           También señala la sentencia que no parece que la idea de ampliar el consistorio y hacerlo mediante la compra de un local adyacente pueda considerarse torcida o contraria al interés público, y menos cuando se cuenta ya con una subvención de un organismo autonómico, la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, que siendo el mayor perjudicado por la operación que se enjuicia no ha sido ni siquiera oído en el proceso (sí se le dio cuenta en su día de la compra efectuada -folio 118-, no constando que hiciese objeción ni pusiese reparo de ningún tipo).

-          Desde otra perspectiva, también refiere la sentencia como no puede responsabilizarse al acusado Sr. López Ródenas de que la actual corporación no le haya dado a las dependencias el destino para el que fueron adquiridas; y sobre por qué no se le dio de manera inmediata, el Arquitecto al que se le adjudicó el proyecto y obras de ampliación y rehabilitación del consistorio vino a declarar que el motivo fue que hubo que distribuirlas en dos fases, encuadradas en anualidades distintas, dado el importante montante económico de la rehabilitación pretendida en la casa consistorial y finalmente ejecutada.

El precio de la adquisición dentro de los de mercado y las circunstancias concurrentes

Las mayores dudas para los magistrados sentenciadores, se han centrado en el informe técnico que la acusada, la Arquitecta Técnica municipal realizó sobre el valor del bien ofertado por el Sr. A. O., y al efecto refiere como “Se nos dice que el dictamen se ajustó indebidamente al total de lo que el Ayuntamiento disponía para la compra y que el Sr. Alcalde tenía potestad para haber negociado un precio menor, pero en este punto se ha de tener en cuenta que la oferta del Sr. A. O. era la única existente y que no se ha acreditado que estuviera éste por la labor de dividir su vivienda por un precio inferior”.

Comentando la sentencia como si bien estas circunstancias, ciertamente, no tendrían por qué vincular a una técnica que para nada dependía del Sr. Alcalde a la hora de justipreciar, dentro de sus competencias, el bien que se iba a adquirir, pero las razones que alegó para hacerlo así no están desprovistas de una cierta lógica: cómo no había operaciones sobre las que referenciar la adquisición en el municipio optó por atribuirle un valor al metro cuadrado de lo que se iba a comprar en función del destino que iba a dársele, y ello de acuerdo con las normas orientativas del Colegio de Arquitectos de Granada (la de los costes de referencia a la construcción). Dado que este iba a ser el administrativo y de oficinas, los ajustó a los marcados en el epígrafe correspondiente, que ascendía a 790 euros/metro cuadrado redondeándolo a 795 euros el metro cuadrando, que era coincidente con el precio ofertado. Destacando que “el precio medio del metro en la compra de viviendas en la provincia en Granada era muy superior, estando en torno a los 1.500 euros según las tablas del Ministerio de Fomento para el año 2008”.

La sentencia que comentamos, también destaca que la Orden /ECO 805/2003 de 27 de marzo (utilizada por el perito de la acusación particular) viene a autorizar que ese tipo de valoraciones las lleven a cabo Técnicos municipales o “en su defecto” de la Diputación Provincial respectiva, por lo que la sentencia señala como en definitiva, “no existen indicios de que la Arquitecta hubiese efectuado su informe en connivencia con el Alcalde del municipio en el que prestaba sus servicios para que éste, a su vez, beneficiara en contra del interés público a un determinado ciudadano, ni que la tasación del inmueble que iba a adquirir el consistorio obedeciera a esos fines espurios”.

Terminando por estimar como “En definitiva, de las pruebas practicadas en el juicio oral no hay base para concluir que la resolución de 25 de julio de 2008 (el Decreto dictado por el acusado López Ródenas) en la que se adjudicaba a D. Francisco A. O. el contrato de adquisición del local anexo al Ayuntamiento de Castril, que antes éste había ofertado en un procedimiento seguido al efecto, reúna los requisitos propios del delito de prevaricación", con cita de la doctrina legal contenida al respecto en la reciente STS de 17 de octubre de 2018. Por lo que proceda la absolución de todos los acusados, con declaración de las costas procesales de oficio.



Un pronunciamiento absolutorio, con el que nos alegramos enormemente, no solo por el éxito profesional que representa esta sentencia para nuestro despachos de abogados, el que ha asumido desde el principio de la causa la defensa penal de Don José Juan López Ródenas, sino particularmente por que se ha puesto fin a las difamaciones y acusaciones que se han venido produciendo contra el mismo, al estar investigado por esta causa, con continuas notas de prensa acusadoras contra el Sr. López Ródenas, siendo finalmente repuesto su honor con esta sentencia, que no deja el menor resquicio de duda de la total legalidad de su actuación municipal.
   

José Ángel Rodríguez. Abogados.




domingo, 11 de noviembre de 2018




CASOS PRÁCTICOS DE DERECHO

Situaciones curiosas o poco corrientes, que se producen en la vida cotidiana, indicando la respuesta que el hecho comentado han recibido por los Juzgados y Tribunales.




CASO 1

ESPOSO QUE GRABA LA INFIDELIDAD CONYUGAL DE SU MUJER Y COMENTA A VARIOS FAMILIARES Y ALLEGADOS QUE TIENE EL SONIDO DE LA ESPOSA MANTENIENDO RELACIONES SEXUALES EN SU CASA CON OTRA PERSONA.

LOS HECHOS:

    En fecha no determinada de los primeros días del mes de enero del año 2010, el esposo, que tenía sospechas fundadas de que su esposa, le era infiel y con el fin de comprobarlo, dejó conectada una grabadora digital de sonido, tipo MP3, con la que pudo captar como después de salir él de casa su esposa mantenía relaciones sexuales en el sofá del salón de la vivienda, con otro hombre. Comentando el esposo a sus familiares más allegados que tenía una grabación  de su mujer manteniendo relaciones sexuales con otro hombre.

   La esposa denunció a su marido, por un supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos, pidiendo su condena y una indemnización de 10.000 € por daños morales.

LA RESPUESTA DE LOS TRIBUNALES: CONDENA POR UN DELITO DE DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS.

Aunque el Juzgado de lo Penal nº 5 de Granada que conoció de esta causa penal absolvió en primera instancia al marido, recurrida la sentencia por la esposa fue recovada por la Audiencia Provincial de  Granada, Sec. 2ª, la que dictó sentencia nº 667/2012, de fecha 30 de noviembre de 2012, de la que es ponente Don  José María Sánchez Jiménez, en la que aceptando el relato de hechos probados de la sentencia de primera instancia al que añade que: "Doña R. no deseaba que nadie supiese que mantenía las relaciones sexuales precitadas, de lo cual se enteraron familiares y amistades de su entorno a quienes se lo dijo el acusado", aun cuando no llegaron a escuchar la grabación, condenó al marido como autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos al estimar que se ha consumado el delito de descubrimiento y revelación de secretos, toda vez que la conducta típica del art. 197.1 C.P. “se consuma con el apoderamiento, interceptación, etc., sin necesidad que se produzca el efectivo descubrimiento de los secretos, o vulneración de la intimidad, siendo posibles las formas imperfectas de ejecución, tentativa acabada o inacabada. El elemento subjetivo del delito, constituido por la conducta típica que ha de ser dolosa, pues no se recoge expresamente la incriminación imprudente, exigida conforme al artículo 12 del texto legal, que ha de llevarse a cabo con la finalidad de descubrir secretos o vulnerar la intimidad, ya que la dicción literal del precepto emplea la preposición <<para>>".

Se le impone una pena de dos años de prisión, aunque se rechaza la indemnización de 10.000 € solicitada, al no haberse practicado prueba alguna para acreditar su procedencia.

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Para profundizar más:

¿QUÉ DICE EL CÓDIGO PENAL SOBRE EL DELITO DE DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS?

TITULO X.
Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio

CAPITULO I.
Del descubrimiento y revelación de secretos

Artículo 197. [Supuestos]
1. El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.
2. Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero.
3. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los números anteriores.
Será castigado con las penas de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses, el que, con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare la conducta descrita en el párrafo anterior.
4. Los hechos descritos en los apartados 1 y 2 de este artículo serán castigados con una pena de prisión de tres a cinco años cuando:
a) Se cometan por las personas encargadas o responsables de los ficheros, soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, archivos o registros; o
b) se lleven a cabo mediante la utilización no autorizada de datos personales de la víctima.
Si los datos reservados se hubieran difundido, cedido o revelado a terceros, se impondrán las penas en su mitad superior.
5. Igualmente, cuando los hechos descritos en los apartados anteriores afecten a datos de carácter personal que revelen la ideología, religión, creencias, salud, origen racial o vida sexual, o la víctima fuere un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, se impondrán las penas previstas en su mitad superior.
6. Si los hechos se realizan con fines lucrativos, se impondrán las penas respectivamente previstas en los apartados 1 al 4 de este artículo en su mitad superior. Si además afectan a datos de los mencionados en el apartado anterior, la pena a imponer será la de prisión de cuatro a siete años.
7. Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona.
La pena se impondrá en su mitad superior cuando los hechos hubieran sido cometidos por el cónyuge o por persona que esté o haya estado unida a él por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, la víctima fuera menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o los hechos se hubieran cometido con una finalidad lucrativa.
Artículo 197 bis. [Acceso no permitido a información electrónica]
1. El que por cualquier medio o procedimiento, vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, y sin estar debidamente autorizado, acceda o facilite a otro el acceso al conjunto o una parte de un sistema de información o se mantenga en él en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, será castigado con pena de prisión de seis meses a dos años.
2. El que mediante la utilización de artificios o instrumentos técnicos, y sin estar debidamente autorizado, intercepte transmisiones no públicas de datos informáticos que se produzcan desde, hacia o dentro de un sistema de información, incluidas las emisiones electromagnéticas de los mismos, será castigado con una pena de prisión de tres meses a dos años o multa de tres a doce meses.
Artículo 197 ter. [Adquisición o producción material para cometer estos delitos]
Será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de tres a dieciocho meses el que, sin estar debidamente autorizado, produzca, adquiera para su uso, importe o, de cualquier modo, facilite a terceros, con la intención de facilitar la comisión de alguno de los delitos a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 197  o el artículo 197 bis  :
a) un programa informático, concebido o adaptado principalmente para cometer dichos delitos; o
b) una contraseña de ordenador, un código de acceso o datos similares que permitan acceder a la totalidad o a una parte de un sistema de información.
Artículo 197 quater. [Organización o grupo criminal]
Si los hechos descritos en este Capítulo se hubieran cometido en el seno de una organización o grupo criminal, se aplicarán respectivamente las penas superiores en grado.
Artículo 197 quinquies. [Responsabilidad de persona jurídica]

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis  una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en los artículos 197  , 197 bis  y 197 ter  , se le impondrá la pena de multa de seis meses a dos años. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis  , los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33  .


Artículo 198. [Por autoridad o funcionario público]
La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la Ley, sin mediar causa legal por delito, y prevaliéndose de su cargo, realizare cualquiera de las conductas descritas en el artículo anterior, será castigado con las penas respectivamente previstas en el mismo, en su mitad superior y, además, con la de inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años.
Artículo 199. [Conocimiento por razón de su oficio o relaciones laborales]
1. El que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses.
2. El profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de dos a seis años.
Artículo 200. [Datos reservados de personas jurídicas]
Lo dispuesto en este capítulo será aplicable al que descubriere, revelare o cediere datos reservados de personas jurídicas, sin el consentimiento de sus representantes, salvo lo dispuesto en otros preceptos de este Código.

Artículo 201. [Denuncia del agraviado y perdón del ofendido]
1. Para proceder por los delitos previstos en este capítulo será necesaria denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquélla sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal.
2. No será precisa la denuncia exigida en el apartado anterior para proceder por los hechos descritos en el artículo 198  de este Código, ni cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas.

3. El perdón del ofendido o de su representante legal, en su caso, extingue la acción penal sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del número 5º del apartado 1 del artículo 130  








lunes, 13 de noviembre de 2017

PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PERSONALES EN MATERIA  CIVIL QUE NO TENGAN SEÑALADO UN PLAZO ESPECIAL
La Ley 42/2015, de 5 de octubre de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, da nueva redacción al artículo 1964 del Código Civil, lo que tiene una especial transcendencia en materia de plazo de prescripción de las acciones personales que no tengan asignado un plazo específico en el Código Civil.


En la redacción anterior del artículo 1964 del Código Civil,  se establecía:
Las acciones hipotecarias prescriben a los 20 años y las personales que no tengan señalado termino especial de prescripción a  los 15.

En la redacción vigente del artículo 1964 del Código Civil, se establece:
1. La acción hipotecaria prescribe a los veinte años.
2. Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. En las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan.

Una reducción del plazo de prescripción, en garantía de los deudores
Con fecha 6 de octubre de 2015 se ha publicaba en el Boletín Oficial del Estado la Ley 42/2015, de 5 de octubre de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Entre otras cosas, a través de su Disposición Final Primera, esta Ley modifica el artículo 1964 del Código Civil (por primera vez desde su aprobación en el S. XIX) para reducir a cinco años el plazo de prescripción para el ejercicio de acciones personales que no tuvieran previsto un plazo especial – frente al plazo de quince años anterior a esta modificación. Asimismo, se aclara que el cómputo de este plazo de prescripción empieza a computarse desde el momento en que se pudiera exigir el cumplimiento de la obligación incumplida y que, en el caso de obligaciones “continuadas” o de tracto sucesivo, el plazo comenzará cada vez que se incumplan.
Esta modificación entró en vigor el 7 de octubre de 2015, debiendo aplicarse conforme a lo previsto en la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 42/2015, que se remite al artículo 1939 del Código Civil, en cuya virtud debe entenderse que la prescripción iniciada antes de la referida entrada en vigor, se regirá por la regla anterior (quince años), si bien si desde dicha entrada en vigor transcurriese todo el plazo requerido por la nueva norma (cinco años), la prescripción surtirá efecto. Es decir, la prescripción iniciada antes del 7 de octubre de 2015 surtirá efecto cuando se alcance antes o bien el quinto aniversario de dicha entrada en vigor o bien la fecha en la que finalice el plazo de quince años desde su inicio.

También destacar que este régimen de transitoriedad desaparecerá a los 5 años de la reforma, esto es, a partir del 7 de octubre de 2020, ya que a partir de esta fecha regirá el nuevo plazo, al absolver los cómputos de plazos anteriores a la misma. 



Un ejemplo, para entenderlo del régimen de transitoriedad 

Una deuda que tenía que atenderse el 1 de abril de 2010 y no tiene un plazo especial, a tenor de la redacción anterior del artículo 1964 del Cº civil, prescribiría el 1 de abril de 2025 (a los 15 años); con la redacción actual del mismo artículo que entró en vigor el 7 de octubre de 2015 lo sería el 7 de octubre de 2020 (transcurso de 5 años desde la entrada en vigor de la reforma del artículo 1964), como es más breve este segundo plazo la prescripción se produce el 7 de octubre de 2020.  

Observe la incidencia que tiene esta reforma en el cómputo de la prescripción, que puede afectar de una forma importante a relaciones jurídicas nacidas antes de la reforma.


¿Tiene dudas de cómo computar el plazo de prescripción? Puede contactar con nosotros:
















jueves, 29 de enero de 2015

LA INCIDENCIA DEL USO DEL VENENO EN LA BIODIVERSIDAD ANIMAL
Por José Ángel Rodríguez Sánchez*

 Cadáver de un búho campestre, también llamado lechuza campestre (Asio flammeus) envenenado.

La condena en enero de 2010 a un ganadero de Castril (Granada) a 18 meses de cárcel por el ilícito uso de veneno, que empleaba para matar alimañas que molestaban y mataban a su ganado, concretamente zorras, según consta en sus declaraciones, y que indirectamente supuso la muerte por envenenamiento de  un quebrantahuesos  (Gypaetus barbatus) una especie incluida en el anexo I (apartado B, fauna, apartado 4 de aves) del Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, ratificado por la Ley 8/2003 de 28 de octubre de la flora y la fauna silvestre, como especie catalogada “en peligro de extinción”, nos ha puesto en alerta -una vez más- de la nociva incidencia que el uso de veneno puede tener en otras especies silvestres, diferentes a la que se quiere eliminar, y es que cuando se coloca en el medio natural un cebo envenenado no puede controlarse cuál va a ser el consumidor final del mismo y potencialmente puede serlo desde un carnívoro a una rapaz o a un ave carroñera o necrófaga, como fue en este caso el quebrantahuesos conocido como “Segura”, pasando por otras especies animales que tienen una amplitud de hábitos alimenticios como el jabalí o la propia liebre, que no rechazan en su dieta el consumo de cadáveres además de los perros, de caza o perros de los propios pastores, y que frecuentemente son encontrados muertos por la ingesta accidental del tóxico. Todo ello agravado de con el hecho de que al pasar en veneno a la cadena trófica no sólo se va a ver afectado con su ingesta el animal que directamente consuma el tóxico, sino indirectamente otros animales que puedan consumir del accidentalmente fallecido o incluso enfermo o debilitado por el veneno que ha entrado en su sangre, continuando así una macabra cadena de muerte, que afecta por tanto o a especies silvestres como a otras propiamente cinegéticas o de compañía.
Es por ello por lo que debe de concienciarse a los pastores, también a los mal llamados “gestores” de algunos cotos de caza, y que son los principales impulsores de estas dañinas prácticas que persiguen tener a raya a depredadores silvestres, particularmente el zorro, como esta actuación tiene una especial incidencia en la biodiversidad y en todo el ecosistema natural.  De hecho el veneno supone el principal factor de mortalidad para especies en peligro de extinción, como las grandes rapaces, con una incidencia muy alta en especies como buitres, alimoches, águilas, milanos y otras rapaces de hábitos carroñeros.

El veneno ha matado en 15 años a 7.000 animales protegidos en España

Según información recientemente hecha pública por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, “por cada águila imperial que se halla muerta por ingestión de veneno, puede haber hasta nueve ejemplares que caen por la misma causa y que no se detectan”, lo que pone de manifiesto la incidencia del veneno en la fauna silvestre, hasta el punto de que en las conclusiones del Grupo de Trabajo de Ecotoxicología, dependiente de este ministerio, a pesar de que la colocación de cebos envenenados es una práctica prohibida desde hace casi 20 años por las leyes de conservación de la naturaleza nacionales y autonómicas, y tipificada como delito por el Código Penal, se destaca como cerca de 7.000 ejemplares de especies incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas han perecido en 15 años bajo los efectos de cebos envenenados, también llamados ponzoña, que fueron colocada en el campo, que además se estima que acabaron también con otros tantos animales de especies no amenazadas como zorros y otros carroñeros, además de estimarse que han afectados a unos 3.000 perros asilvestrados, de caza o de pastores en estos últimos años.

200 animales afectados por cebos envenenados en poco más de dos años en la provincia de Granada

En un informe pericial que consta en la causa penal abierta contar el pastor de Castril que ha sido condenado por la muerte del quebrantahuesos “Segura”, y del que es autor Borja Nebot Sanz, Jefe del Servicio de Gestión del Medio Natural  y que aparece fechado al 7 de mayo de 2008 y que tenía como objeto informar de la repercusión posible en el medio natural del uso de venenos en el Parque Natural de Castril, en que fue sorprendido el pastor infractor, se dan a conocer unos interesantes datos estadísticos  que ilustran de las especies animales que se han visto afectadas por la ingesta de veneno desde el año 2005 en la provincia de Granada, que incluye a un total de 28 especies diferentes, siendo la mayor incidencia para el zorro (62 ejemplares muertos) seguidos muy de cerca por el perro (60 ejemplares muertos) y de especies como el tejón (9 ejemplares) o el búho real, buitre leonado o gato montés (con 8 ejemplares en cada uno de los casos), incluyendo especies tan variadas como palomas, arrendajos, lechuzas, garduñas, ginetas, jabalí. etc. además de reptiles y anfibios como el galápago leproso y el lagarto ocelado o ranas, amén de especies domésticas como cabras, ovejas o gallinas.
Dolo eventual

Los autores de algunos de estos hechos, que han sido condenados por los Tribunales, se sorprenden de que se les acuse de la muerte de una especie protegida, cuando ellos “sólo querían matar zorros” -por citar una frase exculpatoria real- y es que en estos casos los Tribunales vienen aplicando la doctrina legal del llamado dolo eventual, en el que si bien el autor -o colaborador- de la colocación del cebo envenenado no ha querido matar a una especie protegida, que evidentemente no le molestaba en sus intereses, cinegéticos o ganaderos, y a la que no iba dirigida su actuación criminal admite, y no lo rechaza, que pueda terminar muriendo por la ingesta cualquier otro animal, aunque no le parezca factible que ocurra así, de modo que en casos como éste la Sala segunda del Tribunal Supremo ha seguido la denominadas  teorías de la dogmática, de la probabilidad, del sentimiento y la teoría del consentimiento, pero dando más relevancia a esta última por resultar, fundamentalmente, la menos equívoca, en la que el conocimiento de la probabilidad del evento, junto al deseo o sentimiento de que el mismo no se produzca, no obsta para que el sujeto activo acepte porque consiente tal consecuencia (dolo eventual), de manera que el autor preferiría que el resultado no se ocasionara pero, de ser inevitable su producción, la asume, sin desistir de la acción que pueda causarlo, admitiendo por tanto las consecuencias dolosas de su actuación y con ello la probabilidad de que pueda afectar a especies protegidas de la fauna, en casos como éste. 


Penas que pueden alcanzar los tres años de prisión


El artículo 336 del Código Penal, resulta aplicable en estos supuestos, precepto que contempla como  “El que, sin estar legalmente autorizado, emplee para la caza o pesca veneno, medios explosivos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, será castigado con la pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en cualquier caso, la de inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar o pescar por tiempo de uno a tres años. Si el daño causado fuera de notoria importancia, se impondrá la pena de prisión antes mencionada en su mitad superior”, lo que supone, a tenor del artículo 70.1 del C.P. que pueden imponérsele hasta 3 años de prisión


  * José Ángel Rodríguez Sánchez, ha actuado como abogado de
la acusación particular,  en nombre del Ayuntamiento de Castril,
en la causa penal seguida contra el ganadero que ha sido condenado
 por el ilícito uso de veneno en el Parque Natural Sierra de Castril en enero de 2010.
http://www.joseangelrodriguezabogados.com/


jueves, 15 de enero de 2015



LA SOCIEDAD DE CAZADORES “LA PERDIZ” DE BAZA CONDENADA POR LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA POR VULNERAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE UN SOCIO

Por José Ángel Rodríguez Sánchez*

Paisaje del Parque Natural Sierra de Baza (Granada)

Con el pretexto de que el socio Luis Moya Martínez había pedido la baja voluntaria en la sociedad de cazadores “La Perdiz” de Baza, se le expulsó irregularmente de la misma, sin tramitar expediente de tipo alguno y en contra de la voluntad del asociado. Un extremo que la Audiencia Provincial de Granada, Sec. 4ª, nº 266/2014 de fecha 31 de octubre de 2014,   da por acreditado, destacando que sin tramitar expediente alguno, como procedía y estaba previsto en los estatutos sociales, lo dieron ilegalmente de baja: “En el caso de autos, si bien es cierto que en la Junta General ordinaria de la Sociedad, celebrada el día 28/06/2013 se acordó la incoación de expediente disciplinario, la realidad es que luego no consta que efectivamente se aperturara ni se adoptase medida alguna antes de la comunicación de su baja el 23/09/2013” –dice la sentencia- la que igualmente destaca que cuando en el mes de agosto de 2013 acudió a las oficinas de la sociedad a solicitar su tarjeta de caza “se le denegó sin sustento procedimental alguno y luego se curso su baja voluntaria, sin que aparezca prueba suficiente que evidencie solicitud al respecto”.

La sentencia, que ya es firme y contra la que no cabe ningún otro recurso, termina por reconocer vulnerado el derecho fundamental de asociación de Don Luis Moya Martínez por la Sociedad de Cazadores La Perdiz C.D. y declara la nulidad del acuerdo de baja como socio del mismo, el que deberá ser repuesto en sus derechos y obligaciones tal y como venía siendo anteriormente, con condena en costas de la 1ª Instancia a la sociedad de cazadores demandada.


Expulsado por pedir las cuentas


Se da la circunstancia de que el Sr. Moya Martínez mantiene que fue expulsado de la sociedad de cazadores por pedir las cuentas de la misma y venir cuestionando las costosas e ilegales sueltas de perdices que ha venido efectuando en los últimos años esta sociedad de cazadores en la Sierra de Baza, por lo que fue apartado de la misma unilateralmente, al convertirse en un socio incómodo para la gestión particularista de esta sociedad de cazadores, cuya gestión cinegética de la Sierra de Baza ha sido ampliamente cuestionada desde muchos sectores de la población local, también desde nuestra asociación hasta el punto de darles el premio de Serranos Más Impopulares del Año 2013, por su nefasta gestión cinegética de la caza en la Sierra de Baza. Todo ello con el resultado de apartarlo unilateralmente de la sociedad de cazadores, impidiéndole la caza en los terrenos gestionados por la sociedad de cazadores durante más de dos años. Una actuación que ahora la Audiencias Provincial de Granada ha declarado fue ilegal, lo que además de tener que pagar todas las costas del juicio, le podrá generar una importante petición indemnizatoria a esta sociedad por su irregular actuación.

* José Ángel Rodríguez Sánchez, ha actuado como abogado del cazador irregularmente expulsado por la Sociedad de Cazadores “La Perdiz” de Baza, en el recurso de apelación seguido en la Audiencia Provincial de Granada